El vuelco electoral podría dejar sin efecto la nueva ley de la vivienda en varias Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid.
Tras los últimos acontecimientos políticos, La Ley de Vivienda que hace unos pocos días consensuaron PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu está anulada en la mayor parte del territorio nacional.
Recordemos que la vivienda es una competencia en gran medida autonómica y que la propia ley estatal, para que no fuera declarada inconstitucional, dejó al albur de los gobiernos regionales algunos aspectos clave de la misma: de manera muy destacada, la declaración de zona tensionada. Y la declaración de zona tensionada es del todo crucial para que la ley adquiera un carácter verdaderamente restrictivo: no en vano, la ley impone en todo el territorio nacional que el alquiler no pueda revalorizarse por encima del IPC –lo que a largo plazo conduciría a un declive progresivo del precio de los arrendamientos en términos reales–, pero fuera de las zonas tensionadas la ley autoriza a que el arrendador fije libremente el precio del alquiler en cada nuevo contrato.
De ahí que, en estos casos, la estrategia de los arrendadores vaya a ser muy sencilla: establecer, a la firma del contrato, un precio que les compense por toda la inflación que esperen durante el período de vigencia del mismo. Y cuando renueven el contrato, volver a ajustarlo al alza. Sólo en las zonas tensionadas la ley limita la potestad del arrendador para fijar, en cada nuevo contrato, la renta del alquiler. Pues bien, dado que el PP ya ha anunciado que sus autonomías no declararán ninguna zona como tensionada, cabe anticipar que la ley de vivienda no desplegará demasiados efectos en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia y La Rioja. En cambio, acaso sí termine aplicándose –si no se deroga antes– en Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha y acaso Canarias. Aun minoritariamente, se podrá contrastar frente a frente los efectos de dos modelos muy distintos de regulación de los alquileres.